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2002¬2009
memoria
Han sido profundos los cambios que la concepción del
medio rural ha tenido en las últimas décadas. Y diferentes los
papeles que desde el Tratado de Roma se han asignado a sus
pobladores, en función de las distintas orientaciones y políticas
auspiciadas por la Unión Europea.
Desde los años ochenta hasta nuestros días, esta evolución
ha sido especialmente patente, otorgándose al desarrollo rural
un protagonismo creciente que ha convertido, con el paso de
los años, a los agentes locales en los verdaderos artífices de su
propio desarrollo.
Sin embargo, la inexistencia en el marco de la UE de una
definición concreta de “área rural”, ha obligado a sus Estados
miembro al desarrollo de sus propios modelos, lo que ha per-
mitido, además, implementar políticas nacionales de desarrollo
rural basadas en sus criterios socioeconómicos particulares, ya
que el criterio poblacional, uno de los más empleados con este
fin, no siempre resulta ni operativo, ni orientativo. Así, matizar
la frontera entre lo rural y lo urbano no resulta sencillo; menos
en un Estado como el español, donde sus territorios rurales son
tan diversos como sus regiones y comarcas.
Desde las reformas de la PAC de 1988 y 1992, el medio ru-
ral ha iniciado un lento pero progresivo modelo de cambio, en
el que el desarrollo rural ha pasado de ser considerado como
una política complementaria a la política agraria común, para
convertirse en uno de los referentes de la actual política estruc-
tural, integrando con ello, dos políticas de marcado carácter
territorial como son la PAC y la política regional. Estos cambios,
además, se han visto supeditados, en gran medida, por la inte-
gración de los condicionantes ambientales como actuaciones
horizontales, implícitos ya en todas las actuaciones financiadas
por la Unión.
Así, de la concepción de los 80, donde primaba la mejora de
la competitividad de las explotaciones agrarias y el apoyo a las
rentas de los agricultores, se ha pasado a una nueva estrategia
para el desarrollo rural, en la que se plantea un modelo de inte-
grado de desarrollo, destinado a hacer frente a algunos de los
problemas estructurales que caracterizan el medio rural. Con
el Tratado de Maastricht, el mundo rural recibe un nuevo re-
conocimiento político considerándose, desde entonces, el de-
sarrollo rural como ineludible para garantizar la cohesión eco-
nómica y social de los territorios integrantes de Europa. Este
reconocimiento supuso el arranque de una política específica
de desarrollo rural con cuatro objetivos prioritarios:
• Promover la cohesión mediante el manteniento y la crea-
ción de empleos rurales
• Superar las barreras al desarrollo estimulando la diversifi-
cación, mejorando las infraestructuras y facilitando el acceso a
nuevas tecnologías
• Aumentar la calidad de vida de los pobladores rurales, con-
servando el medio ambiente
• Mantener comunidades rurales viables, preservando sus
tradiciones y su cultura
Para conseguir estos objetivos se han destinado importan-
tes recursos económicos y financieros, procedentes de forma
prioritaria de las medidas de acompañamiento de la PAC y de
los Fondos Estructurales, así como de otras medidas derivadas
de las políticas ambiental y pesquera.
Entre las medidas puestas en marcha con esta filosofía se
encuentra la iniciativa comunitaria LEADER, cuyo principal
propósito ha sido impulsar acciones destinadas al desarro-
llo y diversificación de las economías rurales con un enfoque
claramente endógeno y vocación demostrativa. Se empiezan
a perfilar, gracias a su apoyo, los grupos de acción local que,
en la actualidad, se han convertido en auténticos motores de
desarrollo local, artífices de la puesta en marcha y ejecución de
programas horizontales plurianuales que ellos mismos propo-
nen y que responden a las peculiaridades y situaciones diferen-
ciadoras de los territorios que aglutinan.
La aplicación de la política estructural al medio rural, ha
obligado a Estados y regiones a la elaboración de planes na-
cionales y regionales, respectivamente, de carácter plurianual
en los que se diseña una estrategia de desarrollo basada en los
modelos de desarrollo regional definidos, en el caso español,
por las distintas Comunidades Autónomas.
Para el periodo 1994-1999 y dada la imposibilidad de hacer
llegar el modelo LEADER a todos sus territorios rurales, el Es-
tado español pone en marcha, además de la nueva iniciativa
comunitaria LEADER II, el Programa Operativo de desarrollo y
diversificación de las zonas rurales PRODER que, siguiendo la
metodología LEADER, coordina distintas actuaciones de in-
tervención territorial, gracias al apoyo de fondos procedentes
tanto de la Unión Europea, como del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de las distintas administraciones regio-
nales con competencias en esta materia.
El año 1996, supone un nuevo hito para las políticas de de-
sarrollo rural. La declaración de Cork “Por un medio rural vivo”,
su continuación en la agenda 2000 y las nuevas herramientas
disponibles gracias a las sucesivas reformas de distintos fondos
comunitarios han permitido avanzar en un nuevo escenario en
el que se pretende que las zonas rurales se conviertan en un
entorno atractivo para vivir y trabajar, invirtiendo el proceso de
envejecimiento y despoblación de las mismas, dotándolas de
medios para que generen su propio desarrollo, se adapten a
las nuevas circunstancias económicas y sean valoradas como
merecen por el conjunto de la sociedad.
“Lo local”, ha adquirido una importancia creciente, al igual
que la inversión y financiación privadas de los proyectos locales
y la simplificación de los trámites administrativos. A este mo-
delo de desarrollo se incorporan un abanico de posibilidades
entre las que la subsidiariedad y la cooperación a nivel local,
regional, nacional y europeo han generado grandes expectati-
vas que permiten aprovechar el enorme potencial de las comu-
nidades rurales.
El enfoque integrado, la diversificación, la sostenibilidad, el
empleo y la igualdad de oportunidades se han convertido en
puntos estratégicos para el desarrollo de los nuevos programas
LEADER+ y, en el caso de Castilla y León PRODERCAL que, en el
ámbito del tercer Marco Comunitario de Apoyo, se han ejecu-
tado durante el periodo 2000-2006.
La política de desarrollo rural se ha convertido así en una po-
lítica con identidad propia. Además de garantizar los mercados
y la modernización de las estructuras agrarias, ha tenido como
objetivo permitir el despegue de las zonas rurales y responder
a las nuevas demandas sociales, económicas y ambientales
propias de una sociedad del siglo XXI. Dar soluciones a las exi-
gencias de la población rural, garantizar la igualdad de oportu-
nidades o establecer mecanismos que garanticen la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural que custodia han sido los
referentes de trabajo para los distintos grupos de acción local
que han puesto en marcha programas de desarrollo rural du-
rante el periodo 2000-2006.
Dado que en Castilla y León, la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León es el organismo com-
petente en materia de desarrollo rural, los Grupos de Acción
Local de esta Comunidad Autónoma se han regido por lo esta-
blecido por la misma en el Programa Operativo Integrado Re-
gional para el Desarrollo Rural.
Durante el periodo 2000-2006, que finalmente se ha prolon-
gado hasta junio de 2009, los Grupos de Acción Local (GAL) que
no han contado con un programa LEADER+, han podido aplicar
un programa PRODERCAL, con orientación y dotaciones finan-
cieras similares a las de esa iniciativa comunitaria, como ha sido
el caso del GAL Cuatro Valles.
Se ha cubierto así la totalidad del espacio rural castellano y
leonés donde un total de 17 grupos han contado con LEADER+
y 27 con PRODERCAL. En ambos casos, tanto las acciones como